Antes de la política hidráulica. La gestión del agua bajo el Estado liberal en España (1833-1866)

The regulation of the use of water in Spain went through a profound transformation during the first decades of the liberal State. Liberalism introduced institutional changes which affected all those aspects related to the use and administration of water resources. Water property rights were established and water was declared, for its most part, a public property. Priorities on the water resource use were fixed. Common organizational ways were introduced in all communities dedicated to irrigation. In this respect, the State set a wide margin of autonomy in the water management, although it kept the supervision and the rights of the Administration to intercede in the life within those communities. All irrigation systems were forced to have written regulations and those internal rules were homogenized. And, finally, the State interceded in the conflicts raised in a great amount of canals, especially in the newly created ones or in those whose construction had been interrupted during the crisis of the old regime. The outcome was a new institutional framework, developed at the same time that the Administration of the new State became established. During thirty years partial regulations were promulgated and the state's capacity to apply them was put to test. This process culminated in 1866 with the unification of these rules in a Water Law which would regulate this natural resource during more than a century.

La regulación del uso del agua en España experimentó una profunda transformación durante las primeras décadas del Estado liberal. Los cambios institucionales que implantó el liberalismo afectaron a la totalidad de los aspectos relacionados con el empleo y la administración de los recursos hídricos. Se establecieron los derechos de propiedad sobre el agua, que fue declarada, en su mayor parte, un bien público. Se fijaron las prioridades en los aprovechamientos hídricos. Se trató de implantar unas formas organizativas comunes a todas las comunidades dedicadas al riego. En este aspecto, el Estado fijó un margen amplio de autonomía en la administración del riego, aunque mantuvo la supervisión y las facultades de la Administración para intervenir en la vida interna de esas comunidades. Se obligó a todos los sistemas de riego a contar con reglamentos escritos y se homogeneizaron estas normas internas. Y, finalmente, el Estado intervino en los conflictos planteados en multitud de canales, especialmente en aquellos de nueva creación o en aquellos cuya construcción había quedado interrumpida durante la crisis del antiguo régimen. El resultado fue un marco institucional nuevo, gestado al mismo tiempo que se consolidaba la Administración del nuevo Estado. Durante treinta años se promulgaron normas parciales y se puso a prueba la capacidad estatal para aplicarlas. Este proceso culminó en 1866 con la unificación de estas normas en una Ley de Aguas que regularía este recurso natural durante más de un siglo.