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El objetivo de este trabajo es plantearse la creación de tribunales especializados en Polonia para resolver los litigios de derecho agrario. Asimismo, el estudio pretende determinar ciertas particularidades de las relaciones agrarias, e indicar las autoridades competentes para conocer de estos asuntos. Como muestran las conclusiones, la jurisdicción agraria no existe en el ordenamiento jurídico polaco, y no hay normas uniformes para identificar los tribunales competentes para resolver los casos agrarios. Por lo tanto, los conflictos individuales y los litigios en materia de derecho agrario se han asignado a los tribunales generales y a las autoridades de la administración pública. En consecuencia, la jurisprudencia es heterogénea tanto en lo que respecta a las decisiones como a los procedimientos empleados. De ahí que el estudio haya constatado la existencia de límites competenciales difusos y la inexistencia de un objeto común de las acciones interpuestas. En la práctica, tanto por lo que se refiere al fondo como al procedimiento, los asuntos agrícolas se clasifican como asuntos civiles o administrativos. Así mismo, los jueces no están especializados en derecho agrario. Lo anterior justifica la adopción de soluciones normativas específicas en la codificación del derecho agrario, o la elaboración de una ley específica que establezca disposiciones generales al respecto. El ámbito de aplicación de dicha norma se correspondería con el campo de aplicación de la legislación agraria como ámbito jurídico independiente. Así, un asunto derivado de las relaciones agrarias o, en términos más amplios, un asunto agrario se basaría en un marco normativo general. Al analizar la cuestión se constata la necesidad de establecer un sistema jurisdiccional separado, o incluso de designar autoridades dedicadas y altamente especializadas, dotadas de independencia y autonomía jurisdiccionales, que podrían organizarse como tribunales agrarios.

El objeto de este comentario es analizar dos sentencias del TJUE (STJ de 11 de marzo de 2021 y STJ de 13 de noviembre de 2019) las cuales versan sobre cuestiones prejudiciales suscitadas por disposiciones normativas incluidas en Leyes nacionales (de Hungría y Lituania) cuya finalidad es luchar contra las prácticas desleales en el seno de las operaciones de la cadena alimentaria, enjuiciando la adecuación de tales disposiciones con el ROCM.

Comentario de la resolución del Tribunal General (Sala Cuarta) de 21 de febrero de 2024 (T-536/22).

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Comentario de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Tercera) de 15 de noviembre de 2023, C-196/22.

Frente a una España muy poblada, existen regiones con escasa población, y es precisamente en éstas donde proliferan las zonas rurales, configurando un desierto demográfico con escasos núcleos urbanos. Desde hace décadas este éxodo del pueblo a la ciudad, y al mismo tiempo de unas regiones a otras, es incesante. En este trabajo, teniendo en cuenta los datos que nos ofrece esta realidad, se estudia si la vivienda, convenientemente fomentada y protegida por las Administraciones Públicas en los pequeños municipios, puede constituirse en un medio que coadyuve a evitar la sangría demográfica que sufren, contribuyendo así al denominado reto demográfico. A tal fin, se analiza la protección de la vivienda rural en la actualidad y se exponen los modelos habitacionales más idóneos para favorecer el desarrollo rural. También se proponen unas medidas programáticas complementarias, pero necesarias para la consecución de este objetivo

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