The annulation's process of the regulation for the support scheme for cotton reform | El proceso de anulación del Reglamento de reforma del sistema de apoyo al algodón en la UE [Unión Europea]

espagnol; castillan. En la actual situación de incertidumbre y cuestionamiento de la política agraria europea, y de estricta rigidez en el presupuesto comunitario, resulta especialmente pertinente analizar la coherencia y eficacia de los instrumentos que la PAC diseña para alcanzar sus objetivos. En este contexto se presenta en este artículo el caso de la anulación del Régimen de apoyo al algodón en septiembre de 2006. La sentencia del Tribunal de Justicia Europeo anulando por primera vez un Reglamento Base invita a reflexionar en cuanto a la coherencia y eficacia de esta política agraria, ya que reconoce que la citada reforma vulnera el principio de proporcionalidad. Es decir, considera que las medidas aprobadas son manifiestamente inadecuadas para alcanzar el objetivo que para este cultivo se pretendía. Los argumentos económicos que se utilizan en este artículo proceden de los resultados del estudio de impacto socioeconómico en el que se apoyó el recurso presentado por España, del que son también autores los firmantes de este artículo. Se presentan también algunos datos correspondientes a la Campaña de algodón 2006-2007 que vienen a avalar las previsiones contenidas en el citado estudio.

anglais. Given the current situation of uncertainty and questioning of the European Agricultural Policy, and given the tightness in the EU's budget, it seems particularly relevant to analyze the coherence and effectiveness of CAP's instruments to reach its objectives. Given this context, we deliver this paper as a result of the annulation by the European Court of Justice in September 2006 of the cotton support Reform (2004). This decision canceling for the first time a Basic Regulation, give us an opportunity to think about the coherence and efficiency of this Agricultural Policy, since it recognizes that the above mentioned reform harms the Principle of Proportionality. In other words, it considers that the approved measures are absolutely inadequate to attain its alleged objective. The economic reasoning used in this communication originates from the results of the socioeconomic impact study that Spain used to sustain its allegation; a document which we both co-authored. We also present some data of the 2006-2007 cotton crop annual report which support the predictions of the above mentioned study.