Tiene el presupuesto participativo algún efecto en la calidad de los servicios públicos? El caso del sector del agua y saneamiento en el Perú

Испанский язык; кастильский. La participación ciudadana debería dirigir las necesidades de inversión pública de la población, en particular en beneficio de los más pobres. Así se concibe el proceso de presupuesto participativo (PP) implementado en el Perú en el año 2004. Sin embargo, este estudio encuentra que no hay indicios que sugieran una relación robusta entre el PP y la cobertura del agua y calidad del servicio. Ello se explica por las debilidades en el proceso mismo del PP y en el rol de los actores involucrados. Si bien se espera que el PP guíe las demandas de la población, el proceso enfrenta importantes limitaciones que pueden hacerlo ineficiente en la tarea de canalizar los recursos hacia áreas tales como el agua y saneamiento. Además, puede producir resultados inequitativos en tanto los pobres pueden enfrentar mayores costos de participación. Por su parte, las municipalidades tienen limitadas capacidades técnicas y recursos para afrontar los requerimientos de inversión en este sector, y los alcaldes pueden no estar muy interesados en respaldar el PP. Por esto, aunque el PP haya desplazado la inversión del tipo “elefante blanco” (estadios, plazas de toros, etc.) de muchas municipalidades y contribuido a guiarla hacia proyectos más consistentes con las necesidades básicas de la población, necesita ser fortalecido para lograr un papel activo en la provisión de servicios de mejor calidad. Una variable que parece hacer una diferencia, tanto en la cobertura de agua como en la calidad del servicio, es la participación política de las mujeres. En las municipalidades donde las mujeres tienen una mayor participación, el servicio y la cobertura del agua tienden a ser mejores. Esto no debe sorprender, pues se sabe que las mujeres se preocupan mucho más por el acceso al agua potable. Así, en un contexto descentralizado y donde las mujeres participan más, se exige más a los funcionarios de gobierno y a las entidades prestadoras de servicios de agua que mejoren el servicio.