La protección del estado hacia las personas defensoras ambientales: acciones y propuestas para la consolidación de un entorno seguro y propicio para la defensa del medio ambiente en El Salvador; ante nuevos escenarios en América Latina

Ante el progresivo deterioro ambiental y los impactos del cambio climático causado por las dinámicas de explotación y consumo desproporcionados e irreflexivos que agotan de forma acelerada los bienes naturales del planeta, es importante procurar un entorno que garantice el ejercicio de la defensa ambiental en el ámbito nacional e internacional. La región latinoamericana es altamente vulnerable tanto al impacto climático como a la generación de conflictos ambientales dada su virtuosa ubicación geográfica y riqueza natural. A través de la historia se han generado luchas por la defensa del territorio y sus bienes naturales, iniciando por una resistencia capaz de sobrevivir y fortalecerse en distintos periodos y épocas logrando un reconocimiento internacional a razón de las diversas amenazas hacia la vida y la integridad de las personas guardianas de la tierra, el territorio, el medioambiente y la vida. La Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos, amparada en instrumentos de derechos humanos universalmente reconocidos, impulsó en la región la creación de marcos jurídicos e instituciones que reconozcan y protejan a las PDA, sin embargo, ese escenario ideal no ha sido concretado en la realidad de los países de la región, pues, a pesar de tales avances, las amenazas prevalecen. Más de la mitad de los asesinatos de PDA registrados en los últimos años han ocurrido en América Latina. De esta realidad no escapa El Salvador, dado que cuatro entre 2009 y 2011, cuatro PDA fueron asesinadas por su lucha frente a la minería metálica. Pese al hito de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, estos asesinatos no han sido completamente esclarecidos, permaneciendo en la impunidad. Por tanto, es indispensable trazar el diseño de una propuesta de articulación del sistema de protección del Estado hacia las PDA para la consolidación de un entorno seguro y propicio para la defensa del medio ambiente en El Salvador, ante los nuevos escenarios en América Latina.